A 50 años del inicio de la sangrienta dictadura argentina

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El 24 de marzo se cumplen 50 años desde que inició una de las más sangrientas y despiadadas dictaduras militares de la historia del siglo XX. En la Argentina 1976 los líderes del Ejército argentino, apoyados directa e indirectamente por el gobierno estadounidense a través de sus fuerzas militares y de inteligencia, depusieron al Ejecutivo, Legislativo y demás carteras de estado, y gobernaron hasta el 10 de diciembre de 1983.

Las cifras de asesinatos, violaciones, detenciones arbitrarias y desapariciones causan un auténtico espanto. Según varios informes, las cifras sobre los crímenes de lesa humanidad —con los cuales coinciden la mayoría de los historiadores más reputados del país y de la región— hablan por sí solas sobre la brutalidad del gobierno militar:

•       30.000 desaparecidos;
•       15.000 asesinados;
•       8.500 encarcelados arbitrariamente, incluyendo curas, monjas, ancianos, discapacitados, mujeres y niños;
•       1.000.000 de desplazados involuntarios y exiliados dentro de Argentina o a otros países;
•       Expropiación forzosa y venta ilegal de muchas propiedades de las víctimas;
•       Reclusión de campos de concentración y asignación de sitios de reclusión y tortura en diferentes lugares del país;
•       Incontables violaciones sexuales, golpes, desmembramientos, personas electrocutadas, etc.;
•       Adopción ilegítima de más de 300 niños nacidos en cautiverio cuyos padres fueron asesinados.

El revisionismo histórico como justificación política

Pese a que una buena parte de la sociedad argentina ha considerado la dictadura como un trauma social que difícilmente se puede olvidar por la brutalidad de los actos cometidos (cerca del 70% de los argentinos repudian la pasada dictadura), otros han intentado justificar la necesidad de la imposición del gobierno militar debido a la inestabilidad política de la época. En este sentido, se han realizado importantes intentos de revisión histórica para afirmar que las cifras de los crímenes de la dictadura no son tan elevados, o que el contexto matiza las acciones de los militares.

Actualmente, el personaje importante que más cuestiona dichas cifras es el propio presidente, el ultraderechista Javier Milei, según el cual, pese a los documentos históricos que lo demuestran, no hubo un plan sistemático para reprimir y eliminar a los grupos revolucionarios, sino más bien una “guerra interna” en la que las Fuerzas Armadas cometieron excesos. Además, Milei, fiel a su estilo polémico y provocador, afirma que la cifra real de desaparecidos no excede las 9.000 personas.

De hecho, la idea de que la dictadura fue una consecuencia de la actividad política de la izquierda argentina ha sido defendida desde los primeros días del gobierno militar, autoproclamado como “Proceso de Reorganización Nacional”. Según estos argumentos, la izquierda revolucionaria argentina asesinaba, desaparecía y torturaba a la población civil, ante lo cual el Ejército no tuvo otra alternativa que tomar el poder y “poner orden”. Esta es precisamente la forma de entender la historia de la dictadura que el círculo intelectual más cercano de Milei defiende medio siglo después.

Los orígenes de una dictadura sanguinaria

Sin embargo, cuando uno mira de cerca la historia de aquella época y la somete al juicio del tiempo y los documentos históricos, se da cuenta de que las razones fueron otras. Entre 1973 y 1976 el fenómeno conocido como peronismo conquistó una vez más el poder político en el país. Y fue precisamente en esta época que el baño de sangre que institucionalizaría la dictadura militar años después inició.

Es objeto de debate si el militar Juan Domingo Perón conocía sobre los planes que se tramaban para erradicar la existencia de una izquierda revolucionaria en Argentina, especialmente si se toma en cuenta que una parte de aquella izquierda que sería aniquilada en años posteriores se identificaba con el peronismo, (tendencia que llegó a fundar su propio movimiento armado, llamado Montoneros).

En el interior del peronismo, fuerza política heterogénea y llena de tensiones internas (hasta el día de hoy), existieron tendencias que negociaron con los sectores más pudientes y reaccionarios de la sociedad argentina. Uno de ellos fue el secretario personal de Perón y, posteriormente, ministro de Bienestar Social, José López Rega, quien, según el historiador Sergio Guerra, además fungía como agente de la CIA.

Tras la muerte de Perón (el cual fue sucedido en el gobierno por su esposa, Estela Martínez, quien asumió el gobierno), López Rega adquirió un enorme poder, y entre 1974 y 1975 varias organizaciones paramilitares, como la Alianza Anticomunista Argentina (dirigida por López Rega), asesinaron y desaparecieron a más de mil activistas y dirigentes políticos argentinos, entre los que se contaban militantes de Montoneros, sindicalistas de la Central de Trabajadores de los Argentinos (CTA) y a varios sacerdotes que propugnaban la Teología de la Liberación (entre ellos, el célebre cura Carlos Mugica).

Durante estos años miles de personas fueron despedidas de su trabajo, dentro y fuera del Estado, como el caso de cientos de catedráticos que tuvieron abandonar su trabajo (muchos de ellos se exiliarían para salvar su vida). Además, se dieron detenciones arbitrarias de estudiantes, obreros, entre otros, aumentando así la represión sobre los sectores populares. El caso más grave de represión antes de la dictadura se dio en la provincia de Tucumán, donde el Ejército incursionó para aniquilar al grupo político Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Durante dicha ofensiva, el jefe militar de la operación, Acdel Vilas, confirmó que no obedeció la ley y ejecutó a toda persona que el considerase como una amenaza, “incluyendo a abogados y jueces cómplices de la subversión…Fue entonces cuando di órdenes expresas de clasificar a los prisioneros del ERP según su importancia y peligrosidad, de forma tal que sólo llegaran al juez los inofensivos.” Vilas señaló un camino de asesinatos extrajudiciales que luego usaría la dictadura militar, a la cual sirvió ocupando importantes cargos.

Es importante recordar que el mecanismo de implantar dictaduras militares en el país sudamericano no era un mecanismo ajeno al uso que las élites económicas locales. Justo antes del gobierno Cámpora-Perón, Argentina venía de una dictadura que duró entre 1966 y 1973, la cual también cometió actos condenables, como la masacre de Trelew, en la que se asesinaron extrajudicialmente a varios presos políticos.

Es decir, históricamente hablando, los sectores económicos argentinos más poderosos siempre echaron mano de las dictaduras para recomponer el tablero político cuando algo les parecía incontrolable. Así lo hicieron con el propio peronismo y lo volvieron a hacer en 1976, en el marco de una ofensiva regional en contra de la izquierda revolucionaria.

La Guerra Fría en América Latina

La fiebre anticomunista, auténtica ideología de la derecha latinoamericana en el siglo XX, llamaba a destruir a como dé lugar la emergencia de cualquier grupo político que auspiciara ideas de transformación social. Este discurso, abiertamente impulsado por los organismos de inteligencia estadounidense, promovió que los sectores más reaccionarios de las sociedades latinoamericanas, gracias al apoyo de la CIA, el Pentágono y los ejércitos locales, impulsaran el derrocamiento del orden democrático y la destrucción de la izquierda más comprometida con el cambio social.

Así es como el infame Plan Cóndor, auspiciado y, según algunos historiadores, organizado por los Estados Unidos, entró en actuación. Los distintos ejércitos sudamericanos se coordinaron entre sí para realizar tareas de inteligencia, persecución y ejecución de líderes políticos que consideraban “peligrosos”. Miles de personas serían asesinadas en los años venideros bajo grupos paramilitares y/o militares que actuaban bajo la coordinación de los gobiernos dictatoriales, aunque estos últimos negaran que conocían de sus actividades. Pero esta estrategia de asesinato, violaciones, torturas es anterior a los años 70.

Ya antes de la institucionalización del Plan Cóndor, varios ejércitos de Sudamérica tomaron el poder político e impusieron sanguinarias dictaduras. En los años 60, virulentas dictaduras anticomunistas se impusieron a sangre y fuego en Ecuador, Brasil, Bolivia, entre otros. Este modelo continuó en los años 70: la dictadura de Banzer en Bolivia, la de Bordaberry en Uruguay, la de Pinochet en Chile, el triunvirato militar en Ecuador, entre otros, reeditaron la supuesta justificación de frenar cualquier posibilidad revolucionaria en estos países.

Estas operaciones se hicieron de raíz, es decir, que las dictaduras militares aniquilaron de forma violenta, y atentando contra los derechos humanos, a todo grupo político que propugnase un cambio del modelo económico y una verdadera independencia de cualquier tipo de imperialismo, especialmente del estadounidense, el cual controlaba la región como “su patio trasero”, según la consabida Doctrina Monroe. De ahí el enorme interés de Estados Unidos de destruir cualquier posibilidad de perder influencia en plena Guerra Fría. Argentina no fue la excepción.

El desarrollo del Golpe

En efecto, Estados Unidos tenía información doce meses antes de que el Golpe de Estado se llevara a cabo. Un papel preponderante en este sentido jugó el secretario de Estado Henry Kissinger, auténtico lazo entre las dictaduras militares latinoamericanas y el Estado de los Estados Unidos y gran artífice de la puesta en marcha de la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. https://jacobinlat.com/2023/12/kissinger-y-el-terrorismo-de-estado-en-la-argentina/

Pero los intentos por destruir el orden democrático iniciaron antes. El 18 de diciembre de 1975, varios aviones ametrallaron la sede del gobierno, la Casa Rosada. La rebelión fue sofocada en buena medida por el comandante de la Fuerza Aérea, Héctor Fautario, último alto mando leal a la presidenta Estela “Isabel” Perón y rival de quien luego sería el máximo dirigente de la dictadura, Jorge Rafael Videla. Fautario se había negado a bombardear Tucumán en la ofensiva en contra del ERP.

Tras el fracaso del intento de Golpe, Videla declaró un ultimátum a la presidenta Perón para que pusiera “orden en el país”. El hecho de que uno de los jefes del ejército amenazara a la presidenta daba cuenta de una situación en extremo crítica. Una vez diezmado el frente guerrillero en Tucumán, y bajo el beneplácito de Washington, se puso en marcha un nuevo intento de Golpe de Estado, solo que esta vez tendría éxito.

La presidenta Estela Perón fue detenida en la madrugada del 24 de marzo. Solo sería liberada cinco años después. El Ejército prontamente asumió control ejecutivo, legislativo y judicial del país, tomó todas las estaciones de radio y televisión. En un comunicado de las fuerzas armadas se dijo: “A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.” Lo firmaron los líderes del golpe: Jorge Videla, Eduardo Massera y Orlando Agosti.

La ley marcial, el estado de sitio y el patrullaje constante de las calles argentinas solo fueron el preludio de lo que vendría después. Una operación estatal, de características nacionales, premeditada e institucionalizada, empezó a desbordar su poder sobre la población civil argentina.

El 24 de marzo de 1976 marcó así el inicio de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. Hoy son la minoría los que defienden el accionar de la dictadura, pero tras 50 años del Golpe de Estado empieza a tomar fuerza el relato de quienes, buscando justificar las graves violaciones a los derechos humanos que vivió Argentina, admiran el actuar de los militares golpistas y sus métodos.

Argentina, así, no solo recuerda lo sucedido, sino que redescubre constantemente que la memoria es también un campo de batalla infinito, empinado y agotador. Pese a ello, la gran parte de la sociedad argentina se atreve a recordar y entender cómo el dolor también es útil para no encaminarse nuevamente hacia el derrotero de la repetición. Esta es una lucha por la memoria que sigue en marcha y cuyas consecuencias bien podrían marcar el futuro de Argentina.